La reciente Ley 27.799 redefine los parámetros judiciales para extinguir acciones penales mediante acuerdos de pago y la potestad de no formalizar la denuncia.
La Ley 27.799 ha introducido cambios sustanciales en la operatoria de la Justicia Penal argentina, afectando directamente la persecución de delitos vinculados con la órbita económica y fiscal. La norma se enfoca en la modificación de diversos artículos del Código Penal y leyes complementarias, buscando agilizar o reencauzar la resolución de ciertas causas.
Una de las disposiciones más relevantes es la reformulación de los esquemas que permiten la extinción de la acción penal mediante el pago. Esta herramienta, destinada principalmente a ilícitos donde el perjuicio económico es central, establece nuevas condiciones y límites temporales bajo los cuales el imputado puede sanear su situación judicial.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 11 de eneroAdicionalmente, la ley revisa y amplía la potestad de ciertos organismos estatales de optar por la no formulación de denuncia penal. Este aspecto otorga al Ejecutivo o a las entidades recaudadoras una mayor discrecionalidad en la evaluación inicial de la gravedad de la falta antes de activar el sistema judicial punitivo.
La aplicación práctica de estos nuevos criterios motiva diversas consideraciones técnicas y jurídicas, especialmente en relación con el principio de oportunidad y la equidad ante la ley. Expertos señalan la necesidad de reglamentar con precisión los montos y los tipos de delitos a los que puede aplicarse el beneficio, evitando interpretaciones laxas.
Esta reforma procesal busca, según los argumentos legislativos, descongestionar los tribunales en causas de menor complejidad económica, enfocando la capacidad investigativa del Estado en ilícitos de mayor envergadura. El debate actual se centra en si la celeridad judicial puede coexistir sin menoscabar la función preventiva de la pena.
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