Paro de médicos y protestas de empleados extreman el descalabro del Pami
Los médicos de cabecera de Pami iniciaron un paro de tres días en rechazo a una resolución oficial que reduce sus ingresos reales hasta un cincuenta por ciento.
La Asociación de Profesionales de la Salud del Pami comenzó este lunes una medida de fuerza por 72 horas ante la falta de respuestas oficiales. El detonante fue la resolución 1107, que elimina el pago por consulta presencial y quita incentivos por formación profesional. Según los gremios, el nuevo esquema reduce los honorarios de un médico de cabecera de 1,6 millones a menos de 850 mil pesos mensuales.
Los profesionales advierten que este ajuste torna inviable el sostenimiento de los consultorios y afecta directamente la atención a los jubilados. Desde el sector proponen elevar la cápita a un piso de 6.500 pesos para garantizar la operatividad de la actividad médica. Además del reclamo salarial, se evalúan acciones legales para frenar la normativa que consideran arbitraria e inconsulta.
La tensión se extiende a otras áreas del organismo con denuncias de desmantelamiento en la Gerencia de Auditoría Prestacional. Los trabajadores administrativos realizaron protestas internas para visibilizar el riesgo que corre el control sobre las infraestructuras sanitarias. Estas medidas se suman a la advertencia de las farmacias por retrasos en los pagos que podrían comprometer la entrega de medicamentos a corto plazo.
En la esfera política, la ministra Sandra Pettovello intentó desvincular a su cartera de la crisis y señaló que la responsabilidad directa recae sobre el Ministerio de Salud. El titular de esa dependencia, Mario Lugones, queda ahora en el centro de las críticas mientras la operatividad de la obra social se deteriora. El Gobierno enfrenta así un frente de conflicto abierto con uno de los sectores más sensibles del sistema previsional.
El escenario se completa con cuestionamientos por presuntas irregularidades en licitaciones millonarias otorgadas a empresas vinculadas al poder político. Entre los casos señalados aparecen contratos otorgados a firmas manejadas por exfuncionarios y empresarios cercanos al entorno de la gestión libertaria. Estas denuncias de negociados profundizan el malestar de los prestadores que ven sus recursos drásticamente recortados por la conducción actual.
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