El comerciante decidió mudarse porque había conseguido un alquiler más económico. Tras la denuncia, la Policía allanó la vivienda del acusado, secuestró una carabina y más de 140 municiones. La Justicia también le impuso una prohibición de acercamiento.
Un conflicto por el alquiler de un local comercial derivó en una denuncia por amenazas de muerte, un allanamiento y el secuestro de un arma de fuego en Puerto Madryn.
La investigación comenzó luego de que un joven comerciante denunciara que el propietario del inmueble que alquilaba lo intimidó cuando decidió trasladar su negocio a otro local.
La mudanza desencadenó el conflicto
Según la denuncia presentada en la Comisaría Primera, el comerciante resolvió dejar el local ubicado sobre calle Albarracín al 200 tras conseguir un espacio con una mejor ubicación y un alquiler más conveniente.
De acuerdo con la investigación, esa decisión generó el malestar del dueño del inmueble, quien pretendía que el inquilino continuara desarrollando allí su actividad comercial.
Siempre según la denuncia, cuando el joven confirmó que abandonaría el local, el propietario comenzó a proferir amenazas de muerte, situación que llevó a la víctima a acudir a la Policía por temor a que las intimidaciones se concretaran.
Allanamiento y secuestro de un arma
A partir de las primeras tareas investigativas, los efectivos reunieron información que indicaba que el acusado tendría armas de fuego en su poder.
Con esos elementos, la fiscal de turno, Romina Carrizo, solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez penal interviniente.
Durante el procedimiento, realizado en una vivienda ubicada sobre la misma calle Albarracín, la Policía secuestró una carabina calibre .22 y 141 municiones de distintos calibres, entre ellas proyectiles .22 largo y 11.25.
Prohibición de acercamiento
Además del secuestro del arma y las municiones, la Justicia notificó al imputado de una prohibición de acercamiento respecto del denunciante.
La restricción también alcanza al nuevo local comercial donde el joven desarrolla actualmente su actividad, como medida preventiva mientras avanza la investigación.
La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las responsabilidades penales del acusado en el marco de la denuncia por amenazas.
