La Corte Suprema activó la demanda de Buenos Aires contra Nación por una deuda de $2,2 billones de ANSES
La Corte Suprema de Justicia inició el tratamiento del reclamo bonaerense contra la Nación por la suspensión de las transferencias destinadas a la caja de jubilaciones provincial.
El máximo tribunal del país encabezó la primera audiencia para mediar en la disputa financiera entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei. Los equipos legales de ambas jurisdicciones expusieron sus posiciones iniciales frente a los ministros de la Corte en un intento por destrabar el conflicto por la deuda previsional acumulada.
El reclamo central de la provincia se enfoca en la interrupción de los flujos de dinero que la Administración Nacional de la Seguridad Social debe girar para cubrir el déficit del sistema jubilatorio local. La gestión de La Plata sostiene que estas partidas están blindadas por normativas nacionales y pactos fiscales que el Poder Ejecutivo nacional decidió desconocer de forma unilateral.
Por su parte, la representación del Estado nacional justificó la medida bajo el argumento de la austeridad fiscal y la necesidad de auditar los fondos de cada distrito. Los funcionarios nacionales plantearon que la revisión de las cuentas es una condición previa antes de retomar cualquier movimiento de recursos desde la Tesorería hacia las provincias.
La quita de estos recursos impacta de manera directa en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y condiciona la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previsionales. El equipo económico bonaerense alertó que la falta de respuestas institucionales compromete la sostenibilidad del sistema y afecta el financiamiento de los haberes en el corto plazo.
Los jueces de la Corte determinaron que las partes deben volver a encontrarse el próximo 21 de abril para profundizar el análisis de los datos técnicos presentados. Esta nueva instancia será determinante para definir si existe una vía de solución administrativa o si el tribunal deberá dictar una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia.
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