La jueza Loretta Preska ha ordenado a YPF entregar información crucial para que los fondos demandantes puedan intentar cobrar la millonaria sentencia por la expropiación.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la moción presentada por YPF, confirmando la obligación de la petrolera de entregar información clave en el proceso iniciado por los fondos demandantes para cobrar la sentencia de primera instancia. El Estado argentino fue condenado al pago de US$16.100 millones por la expropiación de la empresa.
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, una apelación en Estados Unidos no suspende automáticamente una sentencia. En este caso, los fondos Burford –que adquirió los derechos de demanda en la quiebra de las empresas Petersen– y Eton Park solicitaron la ejecución inmediata del fallo. Ante la negativa de Argentina, las partes iniciaron un proceso conocido como *discovery* para identificar activos nacionales embargables. Este proceso busca determinar si dos entidades son lo mismo, empleando la expresión técnica *alter ego*.
Decisión de la jueza y solicitud de información
La jueza Preska reafirmó la imposibilidad de YPF de intervenir o frenar la etapa de ejecución, ratificando la facultad de los demandantes para avanzar contra los activos de YPF. Esto se daría bajo el modelo *Crystallex*, que permite ejecutar contra el Estado argentino y embargar bienes de su empresa estatal una vez demostrada la relación de *alter ego*. La jueza confirmó la orden a YPF para entregar datos que permitan investigar esta posible conexión.
La orden, dictada el 9 de octubre, establece que la República debe “recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre”. Estas comunicaciones incluyen correos electrónicos, chats de WhatsApp y otros mensajes de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Según Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, entre los funcionarios que habrían sido solicitados se encuentran Sergio Massa y Luis Caputo, aunque el listado completo de los 35 funcionarios y exfuncionarios no ha trascendido.
Postura del gobierno argentino
Días atrás, Argentina presentó un escrito manifestando su voluntad de colaborar con la justicia estadounidense en la entrega de esta información. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron a La Nación que este escrito no implica la entrega directa de chats por parte del Gobierno, sino una intermediación para que los 35 funcionarios y exfuncionarios brinden su consentimiento y remitan la información solicitada, que es de carácter privado. Esta acción busca evitar un posible desacato.
La resolución de la cuestión de fondo, es decir, la apelación de Argentina contra el fallo de primera instancia, aún se encuentra en suspenso. Una audiencia reciente en Nueva York fue escenario del cruce de argumentos entre los defensores del país y los abogados de los demandantes. El abogado Robert Giuffra, representante de Argentina, afirmó que “Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, mientras que Paul Clement, abogado de los demandantes, defendió el fallo de primera instancia. El resultado de esta apelación determinará si se mantiene o se revierte la sentencia de US$16.100 millones más intereses.
Con información de La Nación
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