Fallo histórico: la Justicia de Estados Unidos revocó la condena por la expropiación de YPF y Argentina se ahorra USD 18 mil millones
La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF.
El tribunal de alzada neoyorquino determinó que la jueza Loretta Preska interpretó de forma errónea la legislación argentina al considerar que el Estado debía resarcir a los demandantes por el incumplimiento de los estatutos de la petrolera. La resolución sostiene que las demandas por daños contractuales no son aplicables bajo el derecho público que rige los procesos de expropiación en el país, lo que deja sin efecto la condena económica.
Javier Milei calificó la noticia como un éxito jurídico para la nación y responsabilizó a la gestión kirchnerista por el origen del litigio iniciado en 2015. El presidente aprovechó la sentencia para cuestionar directamente al gobernador Axel Kicillof y a la exmandataria Cristina Kirchner, mientras que su círculo íntimo comenzó a capitalizar políticamente el resultado favorable en los tribunales estadounidenses.
El mercado reaccionó de inmediato con un desplome en las acciones de Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar contra el Estado nacional tras la quiebra de las empresas del grupo Petersen. Por el contrario, los papeles de YPF mostraron una tendencia alcista luego de conocerse que el caso volverá a manos de Preska para una revisión técnica, reduciendo las posibilidades de un cobro inmediato.
La decisión judicial desactiva una carga financiera que amenazaba las reservas del Banco Central y la operatividad de la petrolera estatal en el corto plazo. El Ministerio de Economía proyecta ahora un camino con menores obstáculos para futuras emisiones de deuda, al disiparse el riesgo de embargos sobre activos soberanos en el exterior que dificultaban el acceso al financiamiento internacional.
En la Casa Rosada, el resultado fortalece la posición de los equipos legales coordinados por Santiago Caputo y la secretaría de Planeamiento Estratégico. La defensa técnica contó con la continuidad del estudio Sullivan y Cromwell, que mantuvo la línea argumental sobre la soberanía de las leyes locales, permitiendo que el Gobierno logre una victoria política en medio de la reorganización de los organismos de inteligencia.
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