El Gobierno contrató por 33 millones de dólares a una empresa canadiense para capacitar a los pilotos de los F-16
El Gobierno nacional pagará 33 millones de dólares a la firma canadiense Top Aces Corp para la instrucción de los pilotos que operarán los aviones F-16 adquiridos recientemente.
La administración central autorizó el desembolso destinado a la empresa privada con sede en Arizona para realizar las tareas de capacitación en territorio estadounidense. Aunque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio el visto bueno a la operación, el entrenamiento será ejecutado por contratistas y no por personal militar oficial del país norteamericano.
El gasto imprevisto generó sorpresa en los mandos militares locales, quienes sostienen que la gestión de Luis Petri nunca mencionó la necesidad de contratar servicios externos de formación. Los integrantes de las fuerzas aseguran que el acuerdo original de compra contemplaba que el adiestramiento y el uso de simuladores formaban parte del paquete integral de adquisición pactado con Dinamarca.
La Armada manifestó su descontento ante la cifra destinada a la firma extranjera, ya que el monto es casi idéntico al presupuesto que el Ministerio de Defensa prometió para la incorporación de dos fragatas. Los jefes de la fuerza naval cuestionan la asignación de recursos a privados mientras se mantienen postergados proyectos críticos para la renovación de la flota de superficie.
Al costo de la instrucción se añaden las dudas sobre la capacidad técnica del país para mantener los 24 aviones monoplazas y biplazas en condiciones de vuelo permanentes. Informes internos de la Fuerza Aérea advierten sobre el estado de las pistas y hangares en las bases nacionales, calificando la maquinaria de apoyo actual como insuficiente para las exigencias de este sistema de armas.
La controversia rodea también el equipamiento de las aeronaves, que carecen de radares específicos para la vigilancia en el área de las Islas Malvinas debido a las restricciones de los acuerdos globales entre Washington y Londres. Estas limitaciones técnicas restringen la autonomía operativa de los cazas en objetivos estratégicos del Atlántico Sur y profundizan las críticas internas sobre la compra.
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