Denuncian que Furiase usó el crédito del Nación para comprarse una tercera casa en un country
La Justicia investiga al secretario de Finanzas Federico Furiase por la obtención de un crédito hipotecario del Banco Nación destinado a la compra de una tercera propiedad en un barrio cerrado de Pilar.
El secretario de Finanzas se encuentra en el centro de una polémica tras revelarse que accedió a un préstamo de 300.000 dólares para adquirir una vivienda en el country Los Pilares. La normativa del Banco Nación limita estos créditos a la compra de primera o segunda vivienda, pero los registros indican que el funcionario ya era titular de otros dos inmuebles al momento de la operación.
La tramitación del crédito se inició mientras el funcionario ocupaba un cargo de director en el Banco Central, organismo encargado de regular la actividad de las entidades bancarias. Esta situación generó denuncias por presunto conflicto de intereses, dado que el otorgamiento coincidió con medidas monetarias que impactaron directamente en la volatilidad financiera y en el costo de los préstamos hipotecarios para el resto de los ciudadanos.
La propiedad en cuestión cuenta con 200 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 880 metros y dispone de una amplia piscina. El monto total otorgado, que superó los 360 millones de pesos, se suma a otra deuda hipotecaria que el funcionario mantiene desde el año 2017 con el Banco Ciudad por una cifra cercana a los 106.000 dólares adicionales.
La justicia federal analiza ahora si existió injerencia política en la asignación de fondos públicos hacia integrantes del equipo económico y legisladores del oficialismo. La investigación busca determinar si los requisitos de solvencia y las condiciones de otorgamiento fueron los mismos que se exigen a cualquier solicitante o si se aplicó un trato preferencial por su rol institucional.
El presidente Javier Milei minimizó el impacto del escándalo y defendió la legalidad del procedimiento realizado por su colaborador. El mandatario sostuvo que la toma de un crédito a tasas de mercado no vulnera derechos fundamentales ni afecta la propiedad privada, descartando cuestionamientos sobre el accionar de los funcionarios implicados en la causa.
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