Por: Redacción SDN / Sociedad y Derechos Humanos
Lo que debía ser una jornada de rehabilitación y deporte se convirtió en un episodio de vulneración de derechos que ha despertado la indignación de la comunidad puntana. La Fundación Pappo Balague ha alzado la voz para repudiar enérgicamente un hecho ocurrido en las instalaciones de la Villa Deportiva de San Luis, donde se impidió el acceso gratuito a dos jóvenes en silla de ruedas, ignorando la validez del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La Crónica del Hecho: «Burocracia vs. Derechos»
Según la denuncia que se viralizó en las últimas horas y que la Fundación ha decidido visibilizar [Link 1], el personal a cargo del predio estatal exigió el pago de un arancel para permitir el ingreso de dos chicos que necesitaban utilizar las canchas de básquet para sus tareas de rehabilitación física.
Irán anunció un «acuerdo general» con EEUU sobre «puntos rectores» del pacto nuclear- La Irregularidad: A pesar de que los jóvenes presentaron su CUD —documento que por Ley Nacional y normativa provincial garantiza el acceso gratuito a espectáculos y espacios públicos para personas con discapacidad—, la respuesta institucional fue la negativa.
- La Gravedad: Este accionar no solo viola la legislación vigente, sino que expone una falta de capacitación y empatía alarmante en la administración de los espacios que deberían ser modelo de inclusión.
La Respuesta Institucional: «No podemos naturalizar el maltrato»
En diálogo con nuestro medio [Link 2], Fernando «Pappo» Balague, presidente de la fundación, fue contundente al analizar la situación. La organización emitió un comunicado exigiendo no solo un pedido de disculpas, sino medidas reparatorias concretas y la capacitación obligatoria del personal estatal.
«El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Cobrarle la entrada a un chico con CUD no es un error administrativo, es un acto de violencia institucional que los expulsa del sistema», sentenció Balague.
Un contexto que duele
Este episodio se da en el marco de una crisis social donde las ONGs como la Fundación Pappo Balague están supliendo las carencias del sistema público. Como destacábamos en nuestra cobertura anterior, la fundación viene realizando un trabajo silencioso de «Alojamiento para la Salud» y contención alimentaria, demostrando que la sociedad civil muchas veces llega antes y mejor que el Estado.
El contraste es brutal: mientras una organización autogestionada consigue alojamiento y comida para familias vulnerables, un predio estatal millonario le cierra la puerta en la cara a quienes más lo necesitan por «no pagar entrada».
El Pedido: Capacitación y Humanidad
Desde la Fundación instan a las autoridades de la Secretaría de Deportes y del Gobierno provincial a tomar cartas en el asunto. No se trata solo de sancionar al empleado de turno, sino de revisar los protocolos de atención. «La inclusión no es una rampa o un baño adaptado; es que te traten con dignidad cuando llegás a la puerta», cierra el comunicado.
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