El abogado Adriel Cabello analizó el marco jurídico aplicable ante una denuncia por violencia de género o intrafamiliar. Remarcó la obligatoriedad de acatar de forma estricta las medidas cautelares de restricción de acercamiento y la prohibición absoluta de contacto impuestas por la Justicia, advirtiendo que su violación puede derivar en la detención inmediata del imputado. Asimismo, alertó sobre el incremento de denuncias basadas en relatos imprecisos o motivaciones ajenas al espíritu de la norma, señalando la necesidad de contar con asesoramiento letrado especializado desde el inicio del proceso. sdn.digitalEl marco normativo y los procedimientos judiciales activados a partir de la radicación de denuncias por hechos de violencia de género o intrafamiliar fueron objeto de análisis por parte del abogado Adriel Cabello, quien detalló las obligaciones formales y los derechos que asisten a las partes involucradas en este tipo de procesos de alta sensibilidad social. El especialista enfatizó la naturaleza perentoria de las disposiciones dictadas por los tribunales de familia y las fiscalías de turno una vez recepcionada la presentación inicial. Cabello precisó que, ante una denuncia penal o civil por violencia, las autoridades judiciales disponen de manera casi inmediata la aplicación de medidas cautelares preventivas, entre las que se destacan las restricciones de acercamiento recíproco, perímetros de exclusión y la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto, incluyendo comunicaciones por plataformas de mensajería instantánea o redes sociales. "La medida de restricción implica cero contacto", subrayó el letrado, advirtiendo que el quebrantamiento de estas mandas judiciales configura de forma automática el delito de desobediencia a una orden judicial, supuesto que faculta a los magistrados a ordenar la detención inmediata y el posterior traslado del infractor a una unidad del servicio penitenciario, independientemente de si existió una aparente reconciliación privada posterior entre los involucrados. Por otra parte, el profesional abordó la problemática vinculada a la proliferación de presentaciones que carecen de sustento fáctico o probatorio sólido, describiendo el fenómeno como "una epidemia de denuncias falsas" o presentaciones de carácter "liviano" basadas en relatos breves de pocos renglones que confunden problemáticas de índole civil o disputas económicas con violencia de género institucionalizada. No obstante, aclaró que aun ante la presunción de una falsa denuncia, el ciudadano afectado mantiene la obligación legal irrestricta de acatar la manda judicial dictada, debiendo canalizar su estrategia de defensa a través de las vías correspondientes del debido proceso, la comparecencia con asistencia técnica y el ofrecimiento de pruebas técnicas, tales como registros de mensajería, audios o registros fotográficos. Finalmente, se recordó la vigencia de los canales de asistencia pública, tales como la Línea 144, destinada a brindar contención y asesoramiento gratuito a mujeres y disidencias las 24 horas del día en todo el territorio nacional. El abogado concluyó señalando la importancia de deslindar la carga emocional propia de las rupturas vinculares de los procedimientos estrictamente técnicos de la justicia penal, instando a las personas notificadas a presentarse a derecho de manera ordenada y bajo el patrocinio letrado correspondiente para evitar escaladas procesales desfavorables.
