El exsecretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, remarcó que el conflicto no constituyó un hecho aislado, sino una consecuencia directa de una problemática estructural que se arrastra desde hace años, vinculada a la permanencia indefinida de presos en comisarías y dependencias que no están diseñadas para alojar reclusos a mediano o largo plazo. Riesgo para los efectivos y desvío de funciones
Uno de los puntos centrales del análisis giró en torno al rol de los efectivos de la Policía de la Ciudad. El exfuncionario advirtió que la fuerza de seguridad porteña fue creada y adiestrada para la prevención del delito en la vía pública y la proximidad vecinal, y no para desempeñar funciones penitenciarias dentro de celdas.
En ese sentido, señaló que asignar agentes al cuidado de internos no solo los aparta de las tareas de patrullaje para las que fueron formados, sino que además los expone de manera constante a situaciones de riesgo físico e incidentes violentos como el ocurrido recientemente. Condiciones de detención y el debate mediático
Durante la cobertura del motín, gran parte de la atención pública se centró en la presencia de teléfonos celulares en manos de los reclusos. Sin embargo, Villalba observó que esas mismas imágenes expusieron un nivel de hacinamiento crítico y un deterioro profundo en las condiciones de vida dentro del establecimiento.
Asimismo, subrayó que garantizar condiciones dignas y espacios adecuados para el cumplimiento de las penas no responde a una postura ideológica o garantista, sino al estricto apego a las garantías constitucionales básicas que rigen en el sistema judicial. Leyes sin aplicación y el debate penal juvenil
A pesar de que a finales de 2024 la Legislatura porteña sancionó la ley para sentar las bases de un servicio penitenciario propio, Villalba cuestionó la falta de avances concretos y de infraestructura real para aliviar la saturación de los centros de detención transitorios.
Finalmente, al evaluar los proyectos de reforma del régimen penal juvenil a nivel nacional, advirtió que cualquier modificación legislativa quedará en letra muerta si el Estado no invierte previamente en edificios adecuados, equipos interdisciplinarios y personal de custodia específicamente capacitado para el abordaje de menores en conflicto con la ley penal.
