Una juez federal determinó esta semana que los estados norteamericanos no tienen obligación de entregar sus registros de votantes al gobierno central, sellando así la vigésimo primera caída consecutiva del mandatario Donald Trump en su campaña para controlar la información electoral de cara a los comicios de medio término del 3 de noviembre.
## La ofensiva judicial fracasada
La administración republicana desplegó una ofensiva legal sin precedentes desde enero para ampliar la injerencia federal en los procesos electorales. El Departamento de Justicia demandó a más de una veintena de estados que se negaron a ceder datos sensibles, entre ellos fechas de nacimiento y fragmentos de números de la Seguridad Social. Los magistrados federales, designados por gobernantes de ambas fuerzas políticas y con jurisdicción en territorios tan dispares como California —bajo administración demócrata— y Virginia Occidental —gobernada por republicanos— fallaron en forma unánime contra los intereses de la Casa Blanca.
El argumento central de Trump sostiene que existe una participación masiva de extranjeros sin ciudadanía en las urnas, lo que —según su visión— perjudica al Partido Republicano. No obstante, múltiples auditorías estatales y análisis académicos independientes desmintieron sistemáticamente esa afirmación. Una pesquisa de Reuters documentó apenas 129 procesamientos por sufragio de no ciudadanos desde la sanción de la norma que tipifica el delito en 1996, revelando que la mayoría de esos episodios respondió a errores de los votantes o a deficiente comunicación con las autoridades electorales.
## El marco constitucional que frena al Ejecutivo
Los fallos judiciales se apoyaron reiteradamente en una cláusula fundamental: la Carta Magna de Estados Unidos delega en los estados la competencia primordial para organizar las elecciones federales, y la legislación electoral nacional no impone a las jurisdicciones estatales el deber de compartir sus archivos. Este principio de autonomía subnacional constituyó el escollo infranqueable para los designios del mandatario.
Con el escenario político complicado —los republicanos defienden mayorías mínimas en el Senado y la Cámara de Representantes—, la derrota judicial multiplicada por 21 deja a la coalición gobernante sin una de sus herramientas centrales para incidir en el conteo de noviembre.
En paralelo, Trump reconoció esta semana ciertas restricciones en el abastecimiento de municiones específicas para un eventual conflicto con Irán, aunque minimizó el impacto estratégico de esas limitaciones y destacó la superioridad militar general de su país.
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