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El licenciado Vasco Baigorri denunció el avance de las pineras multinacionales sobre tierras ancestrales del pueblo Mbya Guaraní. Alertó por el desmonte de la selva nativa y la quita de la protección contra desalojos. sdn.digital
El concejal y presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de El Volcán, Jorge Omar Scuka, expuso una preocupante situación de desatención y falta de articulación institucional por parte del Gobierno de la Provincia de San Luis. Durante una entrevista periodística, el legislador municipal denunció que la administración provincial mantiene un criterio de postergación que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes en materias fundamentales como seguridad, infraestructura vial, salud y desarrollo turístico. En el ámbito de la seguridad pública, Scuka calificó el panorama como crítico, revelando que la comisaría local ha permanecido extensos períodos sin un móvil policial operativo para realizar los patrullajes preventivos en la zona. A pesar de las solicitudes formales elevadas ante el Ministerio de Seguridad de la provincia, el edil afirmó que las respuestas han sido nulas, obligando al municipio a intervenir para proveer insumos básicos de funcionamiento administrativo a la fuerza. Una situación similar describió respecto al mantenimiento de los accesos viales desde la Ruta 20 y la Ruta 9, donde los pedidos para la colocación de reductores de velocidad en puntos de alta siniestralidad fueron desestimados por las autoridades competentes bajo el argumento de limitaciones presupuestarias. El malestar institucional se profundizó a raíz del reciente proceso de creación de la bandera municipal, un hito histórico orientado a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad de El Volcán. El proyecto, que se resolvió mediante un concurso público y participativo donde resultó seleccionada la propuesta de una institución local, culminó con el primer izamiento oficial del pabellón el pasado 20 de junio. Scuka lamentó que, a pesar de haber cursado las invitaciones formales al personal de la Secretaría de Cultura para integrar el jurado y asistir al acto, la respuesta del Ejecutivo provincial fue nula. "Tuvimos cero respuestas. Uno no entiende si hay enojo con el Ejecutivo o con la gente de El Volcán", manifestó el concejal, remarcando que la única presencia de la máxima autoridad provincial en el último tiempo se limitó a un acto de entrega de bicicletas el año pasado. Finalmente, el legislador municipal contrapuso el relato de gestión de las administraciones nacional y provincial con la realidad socioeconómica que afrontan los comerciantes, cabañeros y familias de El Volcán, severamente afectados por la inflación y el incremento en las tarifas de servicios básicos. Si bien reconoció la continuidad en la ejecución de planes de vivienda que ya se encontraban presupuestados, Scuka enfatizó que la localidad sufre carencias estructurales básicas debido a una falta de atención deliberada. El presidente del cuerpo deliberativo concluyó exhortando a los funcionarios del gabinete provincial a abandonar los despachos, recorrer la localidad y tomar contacto real con las demandas prioritarias de la población.
Las abogadas Fernanda Pereyra Hamenson y Estrella Marín expusieron la compleja situación institucional y los hechos de hostigamiento que damnifican el ejercicio de su labor profesional en la provincia de San Luis. De acuerdo con las declaraciones de las letradas, existe un bloque de contención y complicidad integrado por familiares y allegados a los presuntos abusadores y violentos de género que opera para amedrentar a las defensas y forzar el apartamiento de las abogadas de las causas judiciales en trámite. Las profesionales indicaron que estas maniobras de presión buscan paralizar los expedientes para facilitar el posterior archivo de las actuaciones administrativas bajo el argumento de una supuesta falta de pruebas. Durante el informe, las abogadas detallaron situaciones de violencia explícita y escraches públicos perpetrados por familiares de los imputados, citando las agresiones verbales proferidas por una mujer identificada como Ana María López. "Nos dijeron literalmente 'ustedes me arruinaron la vida, son unas hijas de puta, me cagaron la vida y son las que hacen los escraches o lo promueven'", relataron las letradas, aclarando que su intervención técnica se limita a canalizar el pedido de justicia de familias que llevan más de seis años litigando. Específicamente, señalaron que uno de los imputados en los expedientes que tramitan acumula un total de cuatro denuncias formales por el delito de abuso sexual. Frente a este escenario, Pereyra y Marín ratificaron su compromiso de continuar interviniendo en los procesos penales bajo los lineamientos que fijan las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de perspectiva de género. Explicaron que su modalidad de trabajo trasciende la asistencia jurídica en audiencias y tribunales, abarcando el acompañamiento corporal a las víctimas en movilizaciones y marchas, así como la traducción del léxico judicial formal a un lenguaje accesible para la ciudadanía. Finalmente, las letradas advirtieron que las agresiones sufridas responden a una personalización del conflicto por parte de los victimarios, ante una estructura judicial penal que suele revictimizar a las denunciantes.
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