La administración norteamericana avanza con un ambicioso proyecto de detención en territorio floridano. El Departamento de Seguridad Nacional abrió una convocatoria para levantar un complejo penitenciario en la zona oeste de la ciudad, con espacio para alojar a setecientos extranjeros bajo custodia del Estado federal.
## Una apuesta por la permanencia
La futura instalación deberá operar en modalidad integral, incluyendo dormitorios, áreas de comida, atención sanitaria convencional y psicológica, logística de traslados, sistemas de vigilancia y todos los recursos operativos que demande un recinto de estas características. Esta movida se enmarca dentro de una estrategia más amplia del DHS, que también contempla la apertura de sedes similares en Filadelfia —con capacidad para mil ochocientos detenidos— y en las urbes de Seattle y Denver, ambas con mil quinientos lugares cada una.
La expansión responde a las proyecciones de un notable crecimiento en las aprehensiones migratorias durante los próximos meses. Mientras el viejo continente lidia con sus propios desafíos en materia de movilidad humana, la Casa Blanca redobla la apuesta por el control fronterizo y el encierro como herramientas centrales de gestión.
## Del pantano al cemento
La convocatoria surgió apenas unas semanas después del apagón de «Alligator Alcatraz», el polémico recinto montado a contrarreloj en los Everglades que funcionó durante casi doce meses como emblema de la doctrina de mano dura promovida por el mandatario republicano y el gobernador estatal. Las autoridades justificaron su cierre por razones climáticas y por la naturaleza transitoria del emprendimiento, aunque la medida se concretó tras intensas presiones judiciales, ambientales y de colectivos de derechos civiles.
Para los grupos que acompañan a las poblaciones migrantes, esta nueva licitación despeja cualquier duda: el objetivo no es achicar el aparato de detención, sino cambiar una estructura precaria por otra sólida y definitiva. La cronología resulta particularmente significativa dado que coincide con la eliminación del Estatus de Protección Temporal para más de trescientos mil ciudadanos haitianos, habilitada por la Corte Suprema para que el Ejecutivo la ejecute mientras subsistan los recursos legales en instancias menores.
Esa resolución judicial allanó el camino para una escalada de arrestos y expulsiones en el sur de la península, territorio donde se concentra una de las colonias haitianas más pobladas del país. Ante este escenario, manifestantes se congregaron en los últimos días frente a la sede de procesamiento de ICE en Miramar para denunciar el recrudecimiento de los operativos y la creciente injerencia de fuerzas locales en tareas de índole federal. «Percibimos que hay algo distinto en marcha, aunque desconocemos los detalles», expresaron voceros del American Friends Service Committee, quienes también alertaron sobre el traslado de familias a hoteles previo a su expulsión del territorio, con períodos de incomunicación que superan las veinticuatro horas.
Redacción SDN
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