La situación en la frontera hispano-marroquí comenzó a descomprimirse durante la jornada de este viernes. Según informó el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, más de 25.000 personas que habían arribado en las últimas horas optaron por retornar de manera voluntaria a territorio magrebí. El ritmo de repatriación alcanzó los 150 individuos por minuto, según los registros oficiales hasta el mediodía hora peninsular.
## Cifras en disputa y balance trágico
La magnitud del fenómeno migratorio generó discrepancias entre las autoridades. Juan Jesús Vivas, máximo responsable del gobierno autonómico ceutí, estimó que cerca de 60.000 personas ingresaron en un lapso de 24 horas. No obstante, la administración central ajustó esa cifra a aproximadamente 50.000. El saldo humano de la crisis ya alcanza los 43 fallecidos, según confirmaron fuentes vinculadas a las fuerzas del orden a la agencia EFE. Nueve de esas muertes corresponden a personas que perecieron ahogadas en el intento de llegar a nado, cuyos restos fueron recuperados por efectivos de la Guardia Civil.
El desborde superó la capacidad operativa del lado español. Un dispositivo policial montado durante la tarde debió ser levantado ante la continuidad de los ingresos, permitiendo que los migrantes se dispersaran hacia zonas urbanas del enclave. Desde los sindicatos policiales SUP y Jupol surgieron duras críticas hacia Rabat, acusando a las autoridades marroquíes de inacción deliberada frente a los cruces.
## Reacciones políticas y despliegue militar
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó hasta el enclave para encabezar la respuesta institucional. Desde allí, calificó los hechos como una «violación territorial» y un ataque a la soberanía hispana, responsabilizando a las redes de tráfico de personas por instrumentalizar una reciente sentencia del Tribunal Supremo. La resolución judicial, que impide las devoluciones automáticas de migrantes interceptados en el mar hacia Ceuta o Melilla, habría sido interpretada de manera «interesada» por las mafias, según el jefe del Ejecutivo.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno local solicitó la declaración de estado de emergencia nacional y el envío de tropas militares. La petición fue atendida parcialmente: se dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas para asistir a la Guardia Civil en el control fronterizo. Además, se anunció la instalación de boyas en el espigón del Tarajal como barrera física, junto con el refuerzo del operativo de seguridad ciudadana hasta alcanzar 225 efectivos de la Unidad de Intervención Policial.
La crisis trascendió las fronteras ibéricas. Italia planteó la posibilidad de suspender la participación española en el espacio Schengen, mientras desde Washington la Casa Blanca vinculó los hechos con las «políticas globalistas de extrema izquierda» del gabinete sanchista. España y Marruecos acordaron, entretanto, acelerar la implementación de mecanismos para la entrega de migrantes «lo antes posible».
Redacción SDN
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