Una mujer argentina ha sido detenida en la localidad bonaerense de Tigre, acusada de integrar una organización dedicada al reclutamiento ilegal de civiles y exmiembros de fuerzas de seguridad para enviarlos a combatir en el conflicto entre Ucrania y Rusia. La investigación, que se inició por presunta trata de personas, apunta a que se prometían pagos de hasta USD 3.000 mensuales a los reclutados.
El procedimiento fue ejecutado por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la orden del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Durante el allanamiento en un domicilio de la calle Alfonsina Storni al 100, se logró la aprehensión de la imputada. No obstante, la pareja de la detenida, también señalada como coautor y líder de la red, no fue localizada en el inmueble; los registros migratorios indican que el hombre abandonó el país con destino a Brasil a fines de junio.
La Coartada que Destapó la Maniobra
La pesquisa judicial se desencadenó meses atrás, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó a cuatro hombres en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estos individuos pretendían abordar un vuelo con destino a Europa. Al ser interrogados, inicialmente declararon que viajaban para trabajar en una empresa de construcción dedicada a reparar infraestructuras. Sin embargo, las entrevistas individuales revelaron severas contradicciones:
- Ninguno de los pasajeros pudo explicar el origen o la financiación de sus pasajes aéreos.
- Carecían de tickets de regreso y no portaban dinero en efectivo para su manutención.
- Desconocían la identidad de la persona que los recibiría en el país de destino.
Posteriormente, los implicados admitieron que su verdadero objetivo era unirse al frente de combate a cambio de una promesa de pago en dólares, y que la coartada del trabajo en construcción les había sido proporcionada por los propios reclutadores para evitar ser retenidos en los controles aeroportuarios.
Fondos Cripto y Situación Procesal
Tras frustrar el embarque, la Justicia impidió la salida de los hombres e instruyó a la PFA para reconstruir la trama de captación. Mediante tareas de campo y análisis de perfiles digitales, los investigadores determinaron que las víctimas eran contactadas a través de plataformas de internet y trasladadas hacia el aeropuerto por la organización. Durante el allanamiento en Tigre, donde intervinieron unidades tácticas del GEOF y especialistas en cibercrimen, se procedió al secuestro del teléfono celular de la acusada. En el dispositivo se constató el uso de aplicaciones de finanzas digitales con fondos en criptoactivos que ya habían sido congelados preventivamente por orden judicial.
La mujer fue trasladada en condición de incomunicada a la sede policial y ha quedado a disposición del magistrado interviniente, a la espera de sus declaraciones indagatorias.
