El fiscal federal Mariano Sánchez ha destacado los significativos resultados de una reciente operación antidrogas, denominada “Patagonia Rebelde”, llevada a cabo por la Policía Federal Argentina. Paralelamente, el funcionario judicial resaltó la agilidad y efectividad del nuevo sistema procesal penal federal, que ha estado en funcionamiento en el fuero desde hace más de un año.
Durante el Operativo Patagonia Rebelde, las fuerzas de seguridad lograron incautar una considerable cantidad de elementos, que incluyen:
- Más de un kilogramo de marihuana.
- Setenta gramos de cocaína, gran parte ya fraccionada y lista para su comercialización.
- Cerca de un millón de pesos en efectivo.
- Municiones de arma de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y equipos de comunicación, los cuales serán sometidos a pericias técnicas.
La investigación que condujo al operativo se inició tras varias semanas de intensas tareas de campo y observaciones, permitiendo a los investigadores documentar maniobras compatibles con el comercio de estupefacientes, tales como intercambios y visitas breves en el domicilio del implicado.
Tras la audiencia de formalización, el imputado, un hombre de 39 años, fue sujeto a una medida de coerción de detención domiciliaria. Adicionalmente, se le impuso la prohibición de mantener contacto con personas vinculadas al ámbito de las drogas.
En cuanto a la implementación del nuevo sistema procesal penal federal, el fiscal Sánchez hizo hincapié en su impacto positivo. “A pesar de la escasez de recursos humanos y tecnológicos, el sistema es mucho más rápido y nos ofrece soluciones más concretas”, afirmó. Explicó que esta herramienta ha permitido una respuesta más ágil y flexible frente a los delitos, no solo en las causas por estupefacientes, sino también en otros delitos federales.
Sánchez subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional, mencionando el trabajo conjunto con diversas fuerzas como la Policía Provincial (División de Drogas Peligrosas), Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Reafirmó que, a pesar de las limitaciones, el sistema permite una gestión procesal más eficiente.
Finalmente, el fiscal expresó su confianza en que, dada la gravedad del delito imputado bajo la Ley 23.737, cuya pena en expectativa oscila entre los 4 y 15 años de prisión, se obtendrá una sentencia definitiva en los próximos meses para este caso.
