La validez legal de las exigencias impuestas por diversas administraciones municipales para la tramitación o renovación de la Licencia Nacional de Conducir se encuentra bajo un riguroso análisis normativo. En el centro del debate se ubica la práctica de condicionar la entrega del documento al estado de "libre deuda" de tasas comerciales, impuestos inmobiliarios o infracciones locales, una medida calificada como un exceso y un atropello a las facultades administrativas. El abogado penalista Adriel Cabello aclaró que, si bien los municipios actúan hoy como los entes emisores del registro, la licencia posee carácter nacional y debe ajustarse de manera estricta a la Ley de Tránsito nacional. En consecuencia, ninguna ordenanza o decreto comunal tiene la prerrogativa jurídica de legislar o incorporar requisitos que distorsionen la norma general, cuya finalidad es velar por la seguridad vial y la aptitud psicofísica del conductor, mas no oficiar como un brazo de recaudación impositiva para las comunas. El especialista tildó de extorsivo el bloqueo del carnet por deudas ajenas al solicitante o asociadas al inmueble familiar. Esta restricción administrativa conlleva un severo impacto socioeconómico que se traduce de forma directa en un lucro cesante para el contribuyente. Ante el auge de los servicios de mensajería, el delivery y el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, la privación de la licencia paraliza la fuerza laboral y deja a los ciudadanos sin su principal fuente de ingresos. Frente a este daño material, Cabello señaló que el amparo judicial constituye la vía idónea para resguardar la libertad de conducir, logrando que los tribunales obliguen a las intendencias a emitir el documento. Por último, el profesional invitó a revisar los términos de la adhesión de la provincia de San Luis al convenio del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (CENAT). Bajo este esquema, se exige saldar deudas de tránsito contraídas en otras provincias antes de habilitar la renovación local, lo que provoca una fuga de capitales puntanos hacia otras jurisdicciones. Cabello concluyó que este dinero, que bien podría reinvertirse en el ejido local o en el pago de las tasas municipales correspondientes, termina destinado a pagar multas que en muchos casos carecen de la debida notificación o provienen de radares que no cumplen con los parámetros legales vigentes, por lo que instó al Estado a perseguir sus deudas mediante los canales de apremio correspondientes sin afectar las libertades básicas de los conductores.
