La oficialización de la quita de derechos de exportación al petróleo convencional, plasmada este jueves en el Boletín Oficial, no fue un hecho aislado sino la culminación de una serie de intensas negociaciones políticas y técnicas. El Decreto N° 59/2026 es el resultado de un esquema de trabajo, donde el gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, articuló un frente común con el sector empresarial y los gremios.
El camino hacia la eliminación del gravamen se cimentó sobre diagnósticos precisos presentados por la Provincia del Chubut ante las autoridades nacionales. Según explicó el propio Torres, la estrategia se basó en aportar información productiva y propuestas concretas para revertir lo que calificó como una pérdida de competitividad histórica para el crudo de la cuenca.
La clave del acuerdo final reside en un reclamo que la provincia sostuvo con rigor: el impacto negativo que las retenciones tenían sobre la rentabilidad de los yacimientos maduros. «Este es el resultado de un trabajo técnico e institucional que desde Chubut venimos sosteniendo», destacó el mandatario provincial al referirse a los entretelones de la gestión.
El costo de la espera y el acuerdo de noviembre
Un punto de inflexión fundamental ocurrió el pasado 18 de noviembre. En esa fecha, Torres selló el compromiso inicial con el Gobierno nacional para eliminar las retenciones a los hidrocarburos convencionales. Este paso fue fundamental para lo que hoy se formalizó mediante Decreto N° 59/2026, ya que contó con el respaldo estratégico de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y las operadoras más importantes que actúan en la región.
Dicha medida sirvió como punto de inicio del proceso de alivio impositivo y fue luego replicada por las provincias de Neuquén y Santa Cruz.
La urgencia del pedido se respalda en cifras contundentes: solo en el último año, la permanencia de este tributo representó una pérdida de 240 millones de dólares para Chubut y un total de 370 millones para toda la cuenca. Estos fondos, que anteriormente se transferían fuera de la Patagonia como un impuesto no coparticipable, ahora permanecerán en la zona para ser reinvertidos.
La letra chica: inversión obligatoria
La normativa no solo implica un alivio fiscal, sino que activa un mecanismo de corresponsabilidad. El acuerdo estipula que las empresas operadoras tienen la obligación de volcar esos ingresos adicionales directamente en la cuenca.
El foco de esta «reinversión obligatoria» está puesto en la reactivación de equipos de torre y la recuperación de pozos, medidas esenciales para frenar el declive de la producción y, fundamentalmente, asegurar la estabilidad de los puestos de trabajo en una etapa que la provincia considera clave para el futuro de su matriz productiva.
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