La investigación federal sobre el envío de potentes opioides y anestésicos desde Paraná hacia Puerto Madryn pone el foco en una funcionaria del Ministerio de Salud entrerriano y su pareja, un hombre vinculado al rubro de insumos hospitalarios con menciones en causas previas por robo de materiales médicos. La justicia desentraña una trama de desvíos de fármacos críticos que salpica al Estado y revive viejos fantasmas de corrupción hospitalaria.
La causa que investiga la red clandestina de distribución de fentanilo y propofol hacia la provincia de Chubut ha sumado detalles clave sobre los principales sospechosos en Entre Ríos. La atención de las autoridades federales se centra en María José Gandolfo, una enfermera que actualmente se desempeña con rango de funcionaria en el Ministerio de Salud provincial, y su pareja, Leandro Hernán Gabriel Dezar, quien posee antecedentes de trabajo en distribuidoras de insumos médicos que ya fueron señaladas en investigaciones criminales anteriores.
El rol de la funcionaria en Salud Pública
María José Gandolfo, descrita por personal de su área como una persona de carácter fuerte y con gran ascendencia sobre sus subordinados, ejerce actualmente como jefa de la División de Maternidad y Perinatología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. En dicho cargo, bajo la órbita de la Dirección de Maternidad e Infancias liderada por la doctora Georgina López, Gandolfo tiene la responsabilidad de administrar, adquirir y monitorear insumos médicos.
A pesar de que el Hospital San Roque fue allanado recientemente por Gendarmería Nacional, desde la dirección del nosocomio aclararon que Gandolfo no trabaja allí desde hace dos años. Asimismo, el hospital presentó documentación que certifica la trazabilidad completa de sus ampollas de fentanilo, confirmando que el lote secuestrado, fabricado por el laboratorio Celtyc, nunca ingresó ni salió de dicha institución. No obstante, la investigación administrativa interna del Ministerio buscará determinar si la funcionaria utilizó su autoridad y contacto con proveedores para desviar fármacos desde otras áreas de Salud Pública.
Antecedentes y el vínculo con el remitente
La pareja de la funcionaria, Leandro Hernán Gabriel Dezar, de 50 años, es identificado como el presunto remitente de la encomienda interceptada en la terminal de Puerto Madryn el pasado 16 de abril. Dezar cuenta con una larga trayectoria en el mercado de insumos farmacéuticos y veterinarios. Actualmente, figura como empleado de Jorge Ariel Yugdar, propietario de la distribuidora «Idea», local que fue allanado en mayo de 2024 en el marco de una investigación por el robo de insumos del hospital San Martín.
Durante los allanamientos realizados en Paraná, específicamente en domicilios de las calles Záccaro y Gutiérrez, las fuerzas de seguridad incautaron una importante cantidad de dinero en diversas divisas (más de 15 millones de pesos, 17.100 dólares y 3.200 reales), además de armas y municiones. Entre lo secuestrado destaca una pistola calibre 9 milímetros debidamente registrada a nombre de Dezar desde el año 2015.
Causas pasadas y la situación actual
No es la primera vez que el entorno de Gandolfo es mencionado en expedientes judiciales. En 2020, la enfermera fue nombrada en una investigación por la desaparición de 324 vacunas antigripales del Hospital San Roque. Si bien en aquella oportunidad un compañero de turno fue cesanteado y ella resultó desvinculada por falta de pruebas penales, el antecedente resuena hoy ante la gravedad de la nueva causa federal.
En los días previos a los procedimientos de Gendarmería, trascendió que Gandolfo habría manifestado haberse separado de Dezar. Mientras tanto, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, continúa analizando las planillas y documentos secuestrados tanto en el hospital San Roque como en el Ministerio de Salud para confirmar el origen exacto de las dosis de fentanilo y propofol que fueron encontradas en la encomienda interceptadas en Chubut.
Con información de ANÁLISIS.
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