El titular de la Reserva Federal (Fed) desvinculó la amenaza de una investigación penal de cualquier delito, atribuyéndola a un mero desacuerdo sobre la política monetaria.
El presidente del banco central estadounidense abordó públicamente las recientes insinuaciones de una investigación judicial en su contra, sosteniendo que esta presión no es una respuesta a supuestos actos indebidos, sino una consecuencia directa de las fricciones generadas por las decisiones de la autoridad monetaria. La declaración eleva el tono del debate sobre la gestión económica en Washington.
Según la interpretación del funcionario, el riesgo de una acción legal de carácter penal surge de la resistencia política y sectorial a las estrategias implementadas para controlar la inflación. Específicamente, hizo referencia a la política de tasas de interés y a la conducción de las herramientas macroeconómicas en los últimos ciclos.
El dólar oficial opera con leve subas aunque es la volatilidad de tasas la que marca el pulso del mercadoAnalistas económicos señalan que este tipo de declaraciones son inusuales y subrayan la creciente polarización en Estados Unidos, donde la independencia del banco central queda expuesta a la judicialización. La vinculación entre una diferencia de criterios técnicos y una potencial investigación criminal marca un precedente delicado para la institucionalidad.
Los desacuerdos sobre la política de tasas han sido un punto recurrente de fricción entre la Reserva Federal y diversos actores políticos que critican el ritmo y el impacto de los ajustes sobre el empleo y el crecimiento. La defensa del presidente de la Fed intenta acotar el debate al campo técnico, evitando la criminalización de las decisiones económicas.
La gravedad de la acusación implica que la Fed busca despolitizar y desescalar la amenaza, reafirmando su autoridad técnica frente a presiones externas que podrían minar la confianza en su autonomía.
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