Villarruel complica el pase del fuero laboral a la Ciudad y choca con Milei
Una maniobra administrativa en el Senado frenó el intento del Gobierno nacional de acelerar el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires mediante la reforma legislativa.
El Poder Ejecutivo buscó agilizar la transferencia del fuero nacional del trabajo a la órbita porteña a través de una modificación directa en el articulado de la reforma laboral. Sin embargo, la secretaría parlamentaria de la Cámara Alta dispuso que el convenio siga el trámite ordinario de cualquier proyecto de ley. Esta decisión técnica obliga a que la iniciativa pase primero por el debate en comisiones antes de ser tratada en el recinto, lo que altera los plazos pretendidos por el oficialismo.
La resolución del secretario parlamentario Agustín Giustinian provocó malestar en la Casa Rosada y despertó sospechas sobre un acuerdo entre Victoria Villarruel y sectores vinculados a Patricia Bullrich. El trasfondo de la demora responde a la resistencia de los magistrados nacionales, quienes rechazan pasar a la jurisdicción de la Ciudad por considerar que la medida degrada su estatus institucional. El convenio firmado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, queda ahora atado a los tiempos del calendario parlamentario.
La transferencia es rechazada de forma tajante por los gremios de abogados laboralistas y por los propios jueces, quienes ya interpusieron medidas cautelares para frenar el proceso. Los magistrados nacionales temen quedar bajo la órbita del Consejo de la Magistratura porteño y perder la autonomía que les otorga el fuero federal. En la vereda opuesta, la Corte Suprema de Justicia observa con buenos ojos el traspaso para descomprimir la enorme cantidad de expedientes que llegan anualmente al máximo tribunal.
El sector empresarial presiona para que la reforma se concrete bajo el argumento de terminar con la denominada industria del juicio y los fallos que afectan la estabilidad de las compañías. Si el traspaso se efectiviza, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad deberá cubrir diecisiete cargos en la Cámara y treinta juzgados de primera instancia que hoy se encuentran vacantes. Este proceso de designación masiva de jueces estará bajo la influencia de los principales operadores judiciales de la política porteña.
Mauricio Macri impulsó esta medida durante toda su gestión nacional como un eje central para modificar la visión jurídica que predomina en el fuero laboral nacional. El Gobierno busca ahora una última negociación política para que el convenio sea ratificado de forma inmediata durante la sesión de este miércoles. Los funcionarios nacionales consideran que el escenario político actual es el más favorable para avanzar con la transferencia antes de que la discusión se dilate en el inicio del próximo período legislativo.
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