Una nueva denuncia contra Furiase y Felipe Núñez por el escándalo de los créditos complica al Banco Central
Una nueva denuncia penal complica a las autoridades del Banco Central por el otorgamiento de préstamos millonarios del Banco Nación a funcionarios del gabinete nacional y legisladores oficialistas.
El abogado Alejandro Díaz Pascual presentó una denuncia contra Juan Ernesto Curuchet, titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. El escrito apunta a la presunta falta de supervisión sobre los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a Federico Furiase y Pedro Inchauspe cuando ambos integraban el directorio de la autoridad monetaria. La causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.
Esta presentación se suma a las denuncias previas impulsadas por la diputada Mónica Frade por los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación contra el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard. En la nómina de beneficiados aparecen secretarios de Estado, asesores del Ministerio de Economía y diputados de La Libertad Avanza. La justicia analiza ahora si los préstamos cumplieron con los análisis de riesgo y capacidad crediticia exigidos por la normativa vigente.
El eje de la controversia judicial reside en la posición jerárquica de los tomadores de crédito, quienes tenían a su cargo la regulación de la entidad prestataria. Si bien desde el oficialismo argumentan que no existe prohibición para que los funcionarios accedan al sistema financiero, la ley establece parámetros estrictos para evitar beneficios derivados del cargo. El Banco Central debe velar por la transparencia de las gestiones crediticias en todo el sistema público.
Ante el avance de las causas, el Banco Nación inició una auditoría interna para respaldar los procedimientos administrativos realizados en cada legajo. En la Casa Rosada sostienen que el Banco Central no interviene en las carpetas individuales de los clientes y que la evaluación de los préstamos depende exclusivamente de la política comercial de cada banco. La celeridad en la recopilación de datos oficiales muestra el impacto que el tema generó en los despachos gubernamentales.
El escenario legal se reparte actualmente entre tres despachos de Comodoro Py, aunque existe la posibilidad de que el juez Ariel Lijo unifique las investigaciones. La acumulación de causas sobre el manejo de fondos públicos y el rol de los supervisores financieros mantiene la tensión entre el Poder Ejecutivo y los tribunales federales. El desenlace de la investigación dependerá de las pruebas que arrojen los peritajes sobre los patrimonios y la solvencia de los implicados.
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