El Gobierno admitió que la reforma laboral buscará liquidar juicios previos mediante un fondo millonario, lo que disparó advertencias de la oposición por la presunta retroactividad de la norma.
Felipe Núñez, director del BICE y referente cercano al ministro Luis Caputo, generó controversia al afirmar que el Fondo de Asistencia Laboral se aplicará sobre el stock de juicios vigentes. Sus declaraciones se produjeron durante un intercambio público con el economista Santiago Bulat mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto oficialista.
El funcionario detalló que el fondo dispondrá de 1.500 millones de dólares anuales destinados a reducir la carga de litigios acumulados durante los últimos años. Esta definición técnica fue interpretada de inmediato como el reconocimiento de un efecto retroactivo en la legislación impulsada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la Nación ratificó a Bartolomé Abdala como Presidente ProvisionalLa postura del equipo económico contradice los cuestionamientos de sectores que sostienen que la ley no impulsará el empleo sin crecimiento previo. Según Núñez, el freno a las contrataciones durante los últimos quince años responde principalmente a los costos asociados a la denominada industria del juicio.
Desde el Congreso, legisladores de la oposición tomaron nota de estas palabras y anticiparon que la retroactividad será el eje central de futuras presentaciones judiciales. El planteo jurídico se basaría en la supuesta vulneración de derechos adquiridos y la imposibilidad de aplicar nuevas normas sobre situaciones legales ya consolidadas.
Núñez consolidó su rol de vocero mediático de la gestión económica al vincular también la necesidad de la reforma con la crisis de la fábrica de neumáticos Fate. El Ministerio de Economía utiliza estos casos de conflicto industrial para presionar por una sanción rápida de los cambios en el régimen de trabajo.
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