Reglamentan la ley de inocencia fiscal y ARCA festeja: «evadir ya no es un delito penal»
El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de inocencia fiscal para reducir las sanciones por evasión y facilitar el ingreso de divisas no declaradas al circuito financiero oficial.
El Gobierno oficializó la reglamentación de la ley de inocencia fiscal a través del decreto 93/2026, estableciendo el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. La medida busca incentivar la declaración de activos mediante la reducción de multas y la eliminación de la fiscalización patrimonial para quienes regularicen su situación. Con las firmas del presidente y sus principales ministros, se acortaron además los plazos de prescripción para la acción estatal sobre los contribuyentes.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero señalaron que la normativa devuelve la libertad a los ciudadanos para disponer de su capital sin requerimientos adicionales de información. El organismo confirmó que la evasión dejará de ser tratada como un delito penal siempre que el infractor opte por cancelar la deuda tras recibir la notificación oficial. Esta flexibilización administrativa apunta directamente a captar los dólares que se encuentran fuera del sistema bancario nacional.
La oposición rechazó la implementación del esquema y advirtió sobre los riesgos de consagrar una estructura de impunidad para los grandes contribuyentes. El diputado nacional Martín Soria sostuvo que la evasión mantiene su carácter de delito penal por ley, independientemente de las disposiciones reglamentarias del Ejecutivo. Por su parte, el exdirector de Aduanas Guillermo Michel cuestionó que se prohíba a las entidades bancarias solicitar documentación respaldatoria sobre el origen de los depósitos.
La nueva normativa generó una fuerte tensión con los organismos internacionales que combaten el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Argentina enfrenta el riesgo de ingresar nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional debido a la falta de controles sobre el mercado informal de divisas. La evaluación mutua prevista para los próximos meses pondrá a prueba la solidez de los mecanismos locales frente a las recomendaciones globales de transparencia.
La interna oficial por la aplicación de esta ley provocó la renuncia de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera tras presiones del Ministerio de Economía. Los equipos técnicos del organismo habían advertido que la inocencia fiscal entra en contradicción directa con la legislación vigente contra el lavado de dinero. El reemplazo en la conducción de la entidad ocurre en un momento decisivo para la defensa de la posición argentina ante los veedores externos en los plenarios internacionales.
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