El Gobierno nacional oficializó un drástico recorte en las transferencias a las provincias, abriendo un nuevo frente de conflicto con los mandatarios territoriales.
El Ministerio de Economía confirmó esta mañana un ajuste fiscal que impactará directamente en las cajas provinciales, específicamente sobre los giros discrecionales. La medida, que busca alcanzar el déficit cero en el corto plazo, fue publicada en el Boletín Oficial y establece la paralización de partidas destinadas a obras públicas y programas sociales que no estén explícitamente protegidos por ley.
La respuesta de los gobernadores no se hizo esperar. Mandatarios de diferentes bloques políticos expresaron su rechazo unificado, calificando la decisión como una embestida unilateral contra las economías regionales. Varios líderes provinciales adelantaron que preparan presentaciones judiciales para frenar la aplicación de los decretos y evitar el desfinanciamiento de áreas clave.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron la liberación de Nicolás Maduro, preso en EEUUDesde la Casa Rosada se defendió el movimiento como indispensable para corregir las distorsiones macroeconómicas heredadas. Fuentes oficiales indicaron que la reestructuración del gasto público no permite excepciones y que los fondos recortados no estaban contemplados dentro de la ley de Coparticipación, sino que respondían a convenios específicos. El impacto fiscal se estima en un 0,5 por ciento del PBI.
La disputa escala el nivel de conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Los bloques legislativos provinciales ya manifestaron su intención de utilizar las herramientas parlamentarias para forzar una mesa de diálogo y revisar el DNU que habilita estos recortes. La aprobación de futuras leyes económicas clave, como el paquete fiscal, queda ahora condicionada a una negociación previa.
El efecto inmediato se sentirá en el ritmo de la obra pública y en la continuidad de subsidios locales que dependían de la asistencia federal. Municipios de gran parte del país comenzaron a revisar sus planes de inversión para el segundo semestre, anticipando que deberán asumir costos que anteriormente eran cubiertos por la Nación, impactando directamente en las tasas locales.
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