El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invertirá 9.600 millones de pesos para desviar un caño maestro de agua potable que atraviesa el predio del Paseo Gigena y beneficia a un desarrollo inmobiliario privado.
La administración porteña formalizó la preadjudicación de las obras para modificar la traza de las líneas de agua que abastecen a medio millón de usuarios. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Oreste Durante, que ganó la licitación con una oferta superior a los 9.656 millones de pesos destinados a resolver una interferencia estructural en el emprendimiento ubicado frente al Hipódromo de Palermo.
El proyecto fue concesionado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a un grupo liderado por Luis Caputo y Santiago Bausili a través de la firma Anker. La consultora de los actuales funcionarios nacionales se asoció con la constructora Coinsa para levantar un edificio de oficinas en un terreno público, bajo condiciones contractuales que ahora comprometen el presupuesto de la Ciudad.
El Senado de la Nación ratificó a Bartolomé Abdala como Presidente ProvisionalAunque los informes técnicos de AySA advirtieron sobre la presencia de la red troncal antes de iniciar la construcción, el gobierno anterior aceptó hacerse cargo del costo de las obras de infraestructura. Esta decisión administrativa liberó a los desarrolladores de la responsabilidad de financiar el corrimiento del caño o de adaptar el diseño arquitectónico a las limitaciones del suelo.
Al costo de la obra se suma la pérdida de ingresos por el canon mensual de 62.000 dólares, que los privados no pagarán durante los próximos ocho años. Los concesionarios obtuvieron esta exención tras argumentar que la servidumbre de paso necesaria para el mantenimiento del agua redujo la superficie comercial disponible, logrando postergar sus obligaciones financieras hasta el año 2033.
La gestión de Jorge Macri ratificó la continuidad del acuerdo y la extensión de la concesión a 20 años, a pesar de los intentos iniciales por revisar los términos del contrato. De esta manera, el Estado asume una erogación multimillonaria para viabilizar un negocio inmobiliario que no reportará beneficios económicos directos a las arcas públicas durante casi una década.
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