El Vaticano retomó un juicio contra un cardenal por malversación de fondos y apuntaron contra el papa Francisco
La apelación por la condena del Cardenal Angelo Becciu y otros ocho acusados pone en jaque la legalidad de los decretos emitidos por el Papa Francisco.
La justicia vaticana inició la fase de apelación de la histórica sentencia que dictaminó condenas de hasta siete años y medio de prisión contra nueve personas, incluido el Cardenal Angelo Becciu, por un escándalo de fraude y malversación de fondos relacionado con la compra de una propiedad en Londres. Este proceso legal se enfoca ahora en revisar si las pruebas presentadas y el procedimiento seguido en primera instancia fueron válidos.
Los equipos de defensa han centrado su argumentación en el cuestionamiento de la legalidad procesal del juicio, más que en los hechos económicos juzgados. La defensa alega que se violaron los derechos fundamentales de sus representados a raíz de la implementación de una serie de rescriptos especiales firmados por el propio Pontífice durante la investigación.
Dichos decretos papales, emitidos de forma reservada en el transcurso de la instrucción, autorizaron a la fiscalía a utilizar métodos de investigación y recolección de pruebas que excedían las normativas penales ordinarias del Vaticano. Los abogados de los condenados sostienen que esta intervención directa de la máxima autoridad de la Iglesia comprometió la imparcialidad del proceso judicial.
El debate se traslada ahora al equilibrio entre la autoridad soberana del Papa, que es simultáneamente jefe de Estado y máximo legislador, y la garantía del debido proceso. La defensa busca la anulación de parte del material probatorio clave, que sustentó las condenas por abuso de poder y desviación de millones de euros de la Secretaría de Estado.
La resolución de esta instancia de apelación no solo definirá el destino final de Becciu, el eclesiástico de más alto rango en ser juzgado por el sistema penal vaticano, sino que sentará un precedente definitorio sobre los límites y la aplicación de la ley dentro de la Santa Sede.
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