El gobierno reglamentó la ley de inocencia fiscal y ARCA festejó: «evadir ya no es un delito penal»
La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal busca captar los dólares informales a través de una flexibilización de los controles patrimoniales y la eliminación de causas penales por evasión tributaria.
El Poder Ejecutivo oficializó la normativa mediante el decreto 93/2026 para implementar el Régimen Simplificado de Ganancias en todo el territorio nacional. La medida establece un esquema que exime a los contribuyentes de la fiscalización patrimonial y reduce sensiblemente los plazos de prescripción para las acciones de cobro del Estado. Con esta herramienta, la administración nacional pretende facilitar la formalización de divisas que actualmente se encuentran fuera del sistema bancario local.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero sostuvo que la nueva legislación devuelve la libertad a los ciudadanos para utilizar sus fondos sin requerir justificaciones previas ante el fisco. El organismo confirmó que la evasión dejará de ser tratada como un delito penal siempre que el contribuyente regularice su deuda una vez notificado por la autoridad competente. Esta modificación representa un cambio de paradigma en la persecución de los incumplimientos tributarios por parte de la justicia federal.
La norma obtuvo el respaldo de las mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso durante diciembre, a pesar del rechazo unificado del bloque peronista. Sectores de la oposición advirtieron que la ley otorga beneficios excesivos a los evasores y podría comprometer el financiamiento de áreas sensibles como la salud y la previsión social. Asimismo, especialistas técnicos señalaron que la prohibición a las entidades bancarias de exigir documentación adicional debilita la integridad del sistema financiero.
El nuevo marco normativo genera fricciones directas con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional respecto a la prevención del lavado de activos. La Argentina enfrenta la posibilidad de ingresar nuevamente en la lista gris del organismo si los controles sobre el mercado informal de divisas se consideran insuficientes para los veedores externos. El próximo plenario internacional evaluará si las acciones aplicadas por el Ministerio de Economía cumplen con las recomendaciones de transparencia fiscal exigidas.
La implementación del régimen provocó tensiones internas en los organismos de control que derivaron en la salida del titular de la Unidad de Información Financiera. La presión del Palacio de Hacienda para acelerar la adecuación de la ley chocó con la resistencia de funcionarios que alertaban sobre contradicciones con la legislación vigente contra el crimen organizado. El desafío oficial consistirá en defender la compatibilidad de estas medidas ante los organismos de crédito y supervisión global en los próximos meses.
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