La Agencia Nacional de Puertos dispuso la intervención por 12 meses del puerto de Ushuaia a raíz de presuntas irregularidades, abriendo un nuevo frente de conflicto con el gobierno de Tierra del Fuego.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formalizó la intervención de la administración del puerto de Ushuaia, una decisión que impacta directamente en la gestión de infraestructura clave en el extremo sur del país. La medida fue comunicada a las autoridades provinciales en el marco de una escalada en la fiscalización de terminales marítimas.
La disposición administrativa establece que el plazo de duración de la intervención es de un año, durante el cual la operación y el manejo financiero de la terminal quedarán bajo supervisión directa del organismo federal. La justificación esgrimida por la ANPyN se basa en la detección de diversas y graves irregularidades en la gestión administrativa de la terminal marítima fueguina.
Se abrió el juego para Javier Milei: del paso por Jesús María a ser invitado a la Fiesta del Trigo y a La ChayaLa decisión nacional implica la suspensión de facto de las autoridades provinciales responsables de la administración portuaria, una potestad que Tierra del Fuego venía ejerciendo sin modificaciones hasta la fecha. El objetivo declarado por el Gobierno central es normalizar los procesos administrativos y contables de la infraestructura en el período establecido.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, reaccionó inmediatamente a la medida, calificándola públicamente de «injerencia indebida» en las autonomías de la provincia patagónica. El mandatario anticipó que su equipo legal ya se encuentra evaluando la presentación de recursos administrativos y judiciales para intentar revertir la intervención.
El puerto de Ushuaia es considerado estratégico para la logística antártica, además de ser vital para la actividad turística de cruceros en la región austral, lo que añade relevancia al conflicto institucional desatado. Esta disputa sobre la potestad de manejo portuario se suma a la tensión preexistente entre la administración provincial y las autoridades centrales.
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