El Gobierno demora la licitación de rutas clave y exige menos 85 km de obras nuevas en 20 años
El Ministerio de Economía postergó la licitación de casi dos mil kilómetros de rutas nacionales mientras autoriza la duplicación de las estaciones de peaje y flexibiliza las exigencias de obra para las empresas privadas.
El Gobierno nacional decidió extender hasta el 27 de febrero el plazo para la presentación de ofertas de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones Viales. Esta prórroga afecta tramos críticos de las rutas 3, 205 y 226, junto a las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. La medida responde a la necesidad de las empresas de adaptar sus proyecciones a los cambios introducidos recientemente en los pliegos de licitación.
Para asegurar el interés de las constructoras, el ministro Luis Caputo habilitó la conformación de consorcios y permitió la explotación de servicios complementarios en las trazas. El esquema ofrece contratos por 20 años con una exigencia mínima de obras nuevas que apenas supera los 84 kilómetros totales entre todos los corredores. El financiamiento será respaldado mediante créditos del Banco BICE para las firmas que resulten adjudicadas en el proceso.
La contrapartida de estas facilidades para el sector privado es un incremento directo en los costos de circulación para los usuarios. Los nuevos pliegos disponen que la cantidad de estaciones de peaje suba de 10 a 20 cabinas en los tramos licitados. Se instalarán nuevos puestos de cobro en zonas como el Riachuelo, Saladillo, Azul y Tres Arroyos, lo que generó reclamos de las asociaciones de usuarios y transportistas por el impacto en la logística.
Los aumentos en las tarifas base se ubican entre el 54 y el 215 por ciento respecto a los valores que hoy cobra la firma estatal Corredores Viales. Organizaciones de defensa de usuarios viales denuncian que, al sumarse las nuevas estaciones, el costo efectivo del viaje podría dispararse hasta un 500 por ciento en ciertos trayectos específicos. Empresas como Roggio, Chediack, Helport y Panedile ya analizan los cuadros tarifarios para presentar sus propuestas definitivas.
Esta aceleración del plan de concesiones responde a una orden directa del Palacio de Hacienda para desprenderse de la gestión de 9.000 kilómetros de rutas antes de mitad de año. Caputo mantiene la advertencia de realizar cambios en las áreas de Transporte y Vialidad si no se logran traspasar las responsabilidades operativas al sector privado en los plazos fijados. La intención oficial es suprimir el presupuesto público destinado al mantenimiento de la red vial nacional.
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