El gobierno de Santa Fe cree que una banda pretendía matar a Pullaro con fusiles de alto poder
El hallazgo de un arsenal de guerra enterrado en un campo de Roldán activó las alertas máximas en Santa Fe ante la sospecha firme de un plan criminal para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
Investigadores judiciales y fuerzas de seguridad detectaron un depósito de armas de fuego de alto calibre oculto a cuatro metros de profundidad en una zona rural cercana a Rosario. El operativo incluyó el uso de excavadoras y detectores de metales para localizar un tanque enterrado bajo una losa de cemento que contenía fusiles de asalto y munición diseñada para atravesar blindajes vehiculares y chalecos balísticos.
La organización criminal señalada es la banda conocida como Los Menores, liderada por el prófugo Matías Gazzani, un grupo que busca ganar terreno en el mapa delictivo local tras el asesinato del jefe de la hinchada de Rosario Central. Los informes de inteligencia criminal indican que esta estructura intenta desplazar a antiguas hegemonías mediante una escalada de violencia dirigida a consolidar el control de los negocios ilícitos en la región.
La principal hipótesis de los fiscales y del Ministerio de Seguridad santafesino sostiene que el armamento estaba destinado a un ataque contra la integridad física del gobernador. Fuentes de la investigación confirmaron que la inteligencia recolectada mencionaba objetivos específicos contra el mandatario, vinculando esta amenaza directa a las estrictas condiciones de detención impuestas a los presos de alto perfil en las cárceles provinciales.
Entre el material secuestrado figuran fusiles AK-47 y AR-15 de origen extranjero, junto con pistolas automáticas y cientos de cartuchos de núcleo de acero fabricados con tungsteno. Este tipo de proyectiles tiene una aplicación militar debido a su capacidad de penetración, lo que refuerza la teoría oficial sobre la peligrosidad de la logística desarticulada en los procedimientos realizados en las localidades de Roldán e Ibarlucea.
El gobierno provincial asocia este despliegue delictivo con la próxima inauguración de una cárcel de máxima seguridad diseñada para neutralizar el mando de las bandas desde el encierro. Ante la inminencia de los traslados de internos peligrosos a nuevos pabellones de aislamiento, las autoridades esperan reacciones violentas por parte de las organizaciones que ven amenazada su capacidad operativa fuera de los penales.
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