El amigo de Adorni lo hundió: «El avión lo pagó él con plata del Estado»
La fallida defensa del periodista Marcelo Grandio sobre el uso de aviones privados por parte de Manuel Adorni dejó al funcionario en una situación de vulnerabilidad legal y política.
Marcelo Grandio rompió el silencio para respaldar al funcionario en relación al traslado en avión privado hacia Uruguay. En sus declaraciones, el conductor de la Televisión Pública afirmó que Adorni costeó sus propios pasajes, aunque generó una fuerte contradicción al mencionar que el pago se realizó con fondos estatales, una frase que luego intentó rectificar de manera apresurada.
Los montos detallados por el periodista no coinciden con los valores reales de este tipo de servicios aéreos privados para grupos familiares de varios integrantes. Según el testimonio, el funcionario abonó una suma en dólares por el tramo de ida, pero el costo total del traslado de regreso y otros viajes recientes de su entorno superan la capacidad de gasto permitida por sus ingresos registrados.
El vínculo entre los involucrados presenta un frente judicial delicado por la posible configuración del delito de dádivas ante los tribunales federales. Grandio confirmó que invitó a Adorni a su casa de vacaciones mientras percibía ingresos de medios públicos controlados por el propio funcionario, lo que activó alarmas sobre conflictos de intereses y beneficios indebidos en el ejercicio de la gestión.
La estrategia de defensa se basó en calificar al servicio como un transporte económico obtenido mediante contactos personales y descuentos específicos por amistad con los dueños de la empresa. Sin embargo, estas justificaciones no lograron frenar las críticas sobre la falta de transparencia de un integrante del gabinete nacional que percibe un sueldo limitado frente a consumos de alto nivel.
En el seno del Poder Ejecutivo la situación de Adorni perdió sustento debido a la acumulación de polémicas y la tensión con los sectores que manejan la comunicación oficial. La desconfianza interna crece ante la dificultad de explicar la procedencia del dinero utilizado para traslados al exterior, lo que deja al funcionario sin protección política frente a futuras denuncias.
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