La Justicia de Chubut investiga una presunta oferta de soborno de un ex funcionario condenado y empresarios pesqueros a un dirigente sindical para impedir el inicio del ciclo lectivo en la provincia.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación formal tras la denuncia de José Severiche, secretario general de ATE Trelew. La fiscal Julieta Gamarra ordenó allanamientos en domicilios particulares y en las oficinas donde se habría gestado el ofrecimiento ilegal. Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron teléfonos móviles y registros de cámaras de seguridad para profundizar las pericias.
El sindicalista relató que fue contactado por el empresario Ricardo Traversini para concretar un encuentro con Gonzalo Carpintero, un ex funcionario con antecedentes penales. La reunión se llevó a cabo en la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl Cereseto. Según consta en el expediente judicial, allí le habrían solicitado generar conflictos gremiales para bloquear el comienzo de las clases previsto para el próximo 23 de febrero.
El Senado de la Nación ratificó a Bartolomé Abdala como Presidente ProvisionalSeveriche declaró que los involucrados le prometieron una retribución económica a cambio de paralizar las escuelas de la provincia. El dirigente detalló que el ofrecimiento buscaba aprovechar su situación financiera personal para forzar una medida de fuerza antes de la fecha límite establecida por el calendario escolar. En la presentación se menciona además la promesa de futuras paritarias favorables si el plan de sabotaje resultaba exitoso.
Gonzalo Carpintero cuenta con un extenso recorrido en la administración pública provincial, habiendo ocupado cargos en diversos ministerios y subsecretarías. Su trayectoria previa terminó con una condena por enriquecimiento ilícito y cobro de sobresueldos en las causas judiciales conocidas como Embrujo y Revelación. Los investigadores ahora analizan la vinculación de estos antecedentes con la nueva trama de coimas denunciada por la conducción gremial.
Fuentes gubernamentales sugieren que detrás de la maniobra existe un interés económico relacionado con una deuda impositiva de 1.200 millones de pesos que mantienen los empresarios. El objetivo del grupo sería presionar al Ejecutivo para frenar el aumento del canon pesquero y evitar el tratamiento de un proyecto de ley de ficha limpia para el sector. La justicia continúa con el análisis de las pruebas obtenidas en los últimos operativos.
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