Caputo pidió que los argentinos depositen sus ahorros en los bancos y Di Tullio lo cruzó: «Traé la que tenés afuera»
El ministro de Economía instó a los argentinos a bancarizar sus ahorros tras la vigencia del nuevo régimen de regularización de activos mientras la oposición le reclama que repatríe su propio patrimonio del exterior.
Luis Caputo defendió la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal y convocó a la ciudadanía a depositar sus ahorros en el sistema financiero local. El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que esta medida permitiría acelerar el crecimiento económico, reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad del país mediante la generación de nuevos puestos de trabajo.
El funcionario remarcó que el ingreso de divisas a los bancos generaría beneficios directos para los ahorristas a través del cobro de intereses por sus depósitos en dólares. Según la visión del Gobierno, la inyección de capital en el circuito formal es la herramienta necesaria para dinamizar la actividad y lograr una recomposición de los salarios reales.
La senadora nacional Juliana di Tullio cuestionó el pedido del ministro y le exigió que diera el ejemplo con sus propios activos financieros. La legisladora utilizó sus redes sociales para señalar que el responsable del área económica debería transferir sus fondos depositados en el extranjero hacia el Banco Nación antes de solicitar una conducta similar al resto de la población.
En una línea similar, el economista Roberto Cachanosky se sumó a las críticas y puso en duda la efectividad de la convocatoria oficial. El consultor recordó que las últimas declaraciones juradas del ministro reflejan una parte sustancial de su fortuna fuera de la jurisdicción nacional, situación que genera resistencia entre los potenciales inversores que evalúan entrar al régimen.
Los datos patrimoniales de Caputo indican una fortuna declarada de 11.800 millones de pesos, de los cuales aproximadamente dos tercios se encuentran radicados en cuentas del exterior. Esta disparidad entre el discurso oficial y la situación personal del funcionario alimenta el debate político sobre la confianza necesaria para el éxito del blanqueo de capitales.
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