Bullrich convocó a una reunión de urgencia para sacar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral
En una maniobra de último momento, el oficialismo sacrifica la baja del impuesto a las Ganancias de la reforma laboral para garantizarse los votos en Diputados.
La cúpula del bloque oficialista en Diputados convocó de urgencia a los jefes de las bancadas aliadas para definir una modificación clave en el proyecto de reforma laboral. El objetivo central de la reunión es remover el capítulo que establece la baja del Impuesto a las Ganancias a las empresas. Esta concesión de último momento busca asegurar la media sanción del proyecto en la sesión prevista para el próximo miércoles.
La titular del bloque de La Libertad Avanza activó el encuentro ante las dificultades para consolidar la mayoría necesaria en el recinto. La convocatoria a los denominados bloques dialoguistas confirma que el Gobierno no cuenta con la certeza de los votos, a pesar de las versiones difundidas desde la Casa Rosada. La decisión de quitar el punto fiscal es vista como la única vía para destrabar el proceso legislativo.
La estrategia legislativa colisiona con la visión del Palacio de Hacienda. El ministro Luis Caputo mantuvo una posición inflexible, negándose sistemáticamente a resignar recursos mediante la eliminación del gravamen a las empresas. Esta tensión interna refleja el dilema entre la necesidad de obtener logros políticos rápidos en el Congreso y la urgencia por estabilizar las cuentas fiscales.
La preocupación por la recaudación es un factor determinante en la interna. Sectores del oficialismo han alertado sobre la caída real del siete por ciento en los ingresos fiscales durante enero. Para este sector, el contexto económico actual desaconseja la reducción de cuatro puntos en el Impuesto a las Ganancias corporativas, medida que impactaría directamente sobre la caja del Tesoro.
Pese a la iniciativa del bloque legislativo, la maniobra está supeditada a la aprobación final del Poder Ejecutivo. El presidente Javier Milei deberá arbitrar entre la presión parlamentaria y el rigor fiscal defendido por el equipo económico. La decisión implica un riesgo político, ya que el Gobierno ya sufrió un revés previo al intentar imponer el texto original en la votación de otro capítulo sensible.
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