Bronca en las provincias con los ATN que envió Milei: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos»
Los gobernadores provinciales manifestaron su malestar ante el Poder Ejecutivo por la transferencia de fondos que apenas representan una mínima parte de los recursos perdidos durante el primer trimestre del año.
El Ministerio de Economía giró en marzo 47.000 millones de pesos a las provincias aliadas bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional para mitigar la parálisis financiera. Los mandatarios locales calificaron el monto como insuficiente, advirtiendo que la cifra no llega a cubrir el seis por ciento de la caída registrada en los ingresos coparticipables.
Los desembolsos se concentraron en Corrientes, Mendoza y Entre Ríos, mientras que otras jurisdicciones como Jujuy y Neuquén percibieron partidas menores. Los distritos administrados por la oposición quedaron excluidos de estos envíos, situación que afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires, donde el bache fiscal acumulado supera los 160.000 millones de pesos.
El retroceso de la actividad económica y la baja del consumo impactaron directamente en la recaudación impositiva nacional. Durante el primer bimestre, las provincias sufrieron una pérdida real de 838.000 millones de pesos en comparación con el mismo ciclo del año anterior, lo que representa una baja promedio del siete por ciento en todo el país.
Los registros oficiales muestran que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe fueron las más perjudicadas por la reducción de recursos automáticos. Las proyecciones para marzo indican que la tendencia negativa persiste, con una caída de la recaudación cercana a los diez puntos interanuales como consecuencia de la recesión en los sectores productivos.
Al recorte de transferencias se añade el conflicto por la interrupción de partidas destinadas a educación, seguridad y el impuesto a los combustibles. Las administraciones provinciales enfrentan deudas promedio de hasta 70.000 millones de pesos y reclaman que la Nación retiene recursos que, por mandato legal, deberían destinarse a la infraestructura y el financiamiento de servicios esenciales.
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