La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante la justicia de Nueva York para evitar la ejecución del fallo que ordena al Estado argentino pagar US$ 16.000 millones y entregar el 51 % de YPF. Argumentan que se violan leyes nacionales y se perjudica a terceros, mientras se apela a una revisión en instancias superiores.
La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de la jueza Loretta Preska, en Nueva York, para suspender la ejecución del fallo que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la nacionalización de YPF. La defensa argumentó que el fallo vulnera la legislación nacional y podría generar perjuicios a terceros.
Uno de los principales reclamos es que la entrega del 51â¯% de las acciones estatales de YPF —ordenada como parte del fallo— contraviene la normativa argentina, que impide transferir acciones estatales sin aprobación del Congreso. Además, advirtieron que esa transferencia implicaría una pérdida de control mayoritario en la petrolera, lo que podría activar cláusulas contractuales perjudiciales para la empresa y sus accionistas.
La Procuración consideró que el caso «no es una disputa comercial ordinaria», sino una controversia sin precedentes que plantea complejas cuestiones jurídicas. En esa línea, sostuvo que la decisión judicial es controvertida tanto en el plano del derecho internacional como en el de la política exterior estadounidense.
Los abogados del Estado también subrayaron que los demandantes (los fondos Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían un daño si se suspende la orden, mientras que una ejecución inmediata podría afectar a bonistas, provincias y otros terceros ajenos al juicio.
Además, cuestionaron el pedido de transferir las acciones bajo un nuevo contrato de custodia en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, calificándolo de jurídicamente inválido. Sostuvieron que el Congreso debería aprobar cualquier traspaso, lo que haría inviable ejecutar la medida incluso si se confirma el fallo.
Por último, respondieron a argumentos del fondo Petersen que citaban declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, aclarando que no forma parte del Gobierno nacional y que sus opiniones no inciden en la estrategia jurídica actual.
Con información de NA
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