A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se eliminan los derechos de exportación para las cadenas bovina, láctea y porcina, y se reducen un 25% para otras proteínas animales. La medida busca potenciar la competitividad de un sector clave para la economía argentina.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 697/2024, oficializó la eliminación de los derechos de exportación para ciertos productos agroindustriales. La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone la supresión de las retenciones a la exportación para los productos de la cadena porcina y láctea. Además, se eliminan los gravámenes para los productos de la categoría vaca, con codificación A, B, C, D y E, según lo establecido en la Resolución N° 32/2018. Estos últimos, que son principalmente destinados a la exportación, aportaron más de 60 millones de dólares en retenciones durante 2023, un monto que ahora se suma a la rentabilidad de la cadena bovina.
Con el fin de otorgar mayor competitividad a nivel internacional a la cadena porcina, un producto de alta demanda mundial, el decreto suprime sus retenciones. En cuanto a la cadena láctea, se establece la eliminación definitiva de un tributo que variaba entre el 4,5% y el 9%, el cual ya se encontraba temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con esta medida, la industria láctea obtendrá mayor previsibilidad para potenciar su productividad e inversiones.
Adicionalmente, el Decreto establece una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%. Estas proteínas, incluyendo ovinos, avícolas y bovinos, constituyen un valor agregado en origen a los granos y se producen en todo el país. Durante 2023, el 25% de las retenciones de estas categorías ascendió a más de 70 millones de dólares, un capital que ahora volverá a la cadena productiva para fortalecer la competitividad.
Estas decisiones, anticipadas por el Presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, se enmarcan en un proceso de desregulación que incluye la baja de aranceles a insumos agrícolas y la simplificación de trámites comerciales. El objetivo es reducir la carga del Estado sobre el sector agropecuario, responsable de 1,2 millones de empleos y el 63% de las exportaciones totales de Argentina.
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