Una veintena de distritos norteamericanos se unió para judicializar el regreso de gravámenes que el máximo tribunal había invalidado meses atrás. La medida comercial resucitada por el mandatario republicano impacta en casi sesenta naciones, entre ellas la Argentina.
## El regreso por la ventana de una puerta cerrada
La Corte Suprema había puesto fin en febrero a los aranceles impulsados desde la Casa Blanca. Sin embargo, el gobierno federal encontró un resquicio normativo para reeditarlos: invocó la Sección 301, una herramienta comercial que permite sancionar prácticas consideradas lesivas para el intercambio internacional. Los gravámenes fluctúan entre el 10% y el 12,5% y alcanzan a bloques y países que concentran prácticamente la totalidad de lo que ingresa a territorio estadounidense.
La estrategia legal no convenció a los fiscales generales que lideran la resistencia estatal. Letitia James, máxima representante judicial de Nueva York, fue tajante al señalar que la administración pretende cobrar tributos adicionales a ciudadanos y compañías por una vía que ya perdió en los estrados judiciales. La coalición que impulsa el reclamo abarca territorios de costa a costa: desde California y Washington en el Pacífico hasta Maine y Vermont en el Atlántico, pasando por estados del Medio Oeste como Illinois, Michigan, Minnesota y Wisconsin.
## La justificación oficial y el costo para terceros países
El vocero presidencial Kush Desai defendió la medida alegando que se persigue erradicar bienes manufacturados con mano de obra coactiva. Según su argumentación, la omisión de otros gobiernos para impedir ese tipo de importaciones resulta perjudicial para los trabajadores locales y para el comercio exterior de la potencia norteamericana. Desai remarcó que esta misma herramienta jurídica ya había sido empleada durante el primer período de Trump sin contratiempos legales.
Entre las jurisdicciones afectadas por los nuevos aranceles figuran los veintisiete integrantes de la Unión Europea y casi sesenta países en total. La Argentina se encuentra dentro de ese universo. La vigencia de estos gravámenes coincidió con el vencimiento de una tanda anterior de impuestos transitorios que el ejecutivo había utilizado como puente tras el revés judicial de principios de año.
La pulseada entre el poder federal y las autoridades estatales vuelve a poner en el tapete los límites de las facultades presidenciales en materia comercial, en un contexto donde la política de aranceles se consolidó como sello distintivo de la gestión trumpista.
Redacción SDN
