El gobierno de Vladimir Putin sumó este jueves al creador de Telegram, Pavel Durov, al registro oficial de «terroristas y extremistas», en una decisión que profundiza la ofensiva del Estado ruso contra la plataforma de mensajería más popular de la región.
## La acusación del FSB
La medida llegó luego de que el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) difundiera una orden de captura internacional contra el empresario. Según la versión que maneja Moscú, Durov habría permitido que los espías ucranianos operen libremente dentro de Telegram, aprovechando la aplicación para reclutar jóvenes rusos con fines de supuesto sabotaje. La gota que rebalsó el vaso fue la negativa de la empresa a eliminar un bot de citas que, según el Kremlin, funciona como herramienta de captación del servicio de inteligencia vecino.
Telegram se transformó en el canal de comunicación predominante tanto en Ucrania como en Rusia desde el inicio de la invasión. Esa centralidad la convirtió en blanco de las presiones del gobierno de Putin, que en múltiples oportunidades intentó restringir el acceso para forzar la entrega de información de usuarios o desplazar a la población hacia plataformas controladas por el Estado, sin sistemas de cifrado.
## Sanciones financieras y pasaporte soviético
Durov, nacido en Moscú durante la era de la Unión Soviética, conserva la ciudadanía rusa a pesar de no pisar ese territorio hace años. Su carpeta de viajes incluye documentos de Francia, Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves. El controvertido magnate de la tecnología figura además en la lista negra de Rosfinmonitoring, el organismo de vigilancia financiera del país euroasiático, lo que le cierra prácticamente cualquier posibilidad de movimiento de capitales vinculado a Rusia.
La estrategia de calificar como «terrorista» o «extremista» a opositores, activistas y personalidades que emigraron es una práctica recurrente del poder político ruso. En esta ocasión, la etiqueta alcanzó a un referente de la industria digital con resonancia global.
El empresario, que reparte su residencia entre Dubái y territorio francés, no se pronunció hasta el cierre de esta edición sobre las imputaciones del FSB. Su historial con la Justicia europea incluye una detención en Francia durante 2024, en el marco de una pesquisa por presunta circulación de material ilícito a través de la red. Tras abonar una fianza recuperó la libertad, aunque meses más tarde se fue del país pese a que el expediente sigue activo.
Redacción SDN
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