La hija del exmandatario Alberto Fujimori juró como la primera presidenta electa por sufragio directo en la historia del país andino. En su discurso inaugural, convocó a la unión nacional tras una contienda electoral reñida y delineó un programa de gobierno centrado en la seguridad ciudadana, con intervención militar en territorios dominados por el crimen organizado.
## Mano dura contra la delincuencia
La flamante gobernante, de 51 años, ordenó que los efectivos castrenses tomen el mando operativo en zonas bajo estados de emergencia, especialmente aquellas azotadas por el narcotráfico, la explotación minera ilícita y la extorsión sistemática. El flagelo de las cobranzas ilegales escaló de 2.421 casos en 2019 a 26.734 en el último año, con un saldo de 239 trabajadores del transporte asesinados y comerciantes minoristas sometidos a permanentes amenazas.
«Asumo con firmeza y con sensibilidad para sanar las heridas del pueblo», expresó ante el Parlamento y delegaciones internacionales, advirtiendo que la fractura social obstaculiza cualquier proyecto de desarrollo. Su propuesta incluye la edificación de un penal de alta seguridad, magistrados con identidad protegida y facultades extraordinarias para legislar en materia penal, inspirada en las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
## Desafíos económicos y geopolíticos
En el plano financiero, Fujimori apuesta por garantías legales para la inversión privada, incremento del salario mínimo y obras públicas, en un contexto donde el emisor local proyecta una expansión del 3,4% del PBI. Internacionalmente, busca acercarse al Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump —con respaldo explícito del subsecretario de Estado Christopher Landau— y fortalecer la Alianza del Pacífico, en una estrategia de contención a la presencia china en el principal productor latinoamericano de cobre.
Sin embargo, la gobernabilidad no será sencilla: el oficialismo comanda el Senado, pero la Cámara de Diputados quedó en manos opositoras. El regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno, tras tres décadas de polarización, instala a Perú en una encrucijada entre el orden prometido y los riesgos de una nueva polarización institucional.
