La decisión de la administración de Donald Trump alcanza al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC). El gobierno brasileño cuestionó la medida por considerarla una intromisión en asuntos internos y reclamó más cooperación bilateral contra el crimen organizado.
El gobierno de EEUU comenzó a catalogar desde este viernes como terroristas, a las dos principales bandas criminales de Brasil: el Comando Vermelho (CV), con base en Río de Janeiro, y el Primer Comando de la Capital (PCC), de San Pablo. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, abrió un nuevo frente de tensión con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el Departamento de Estado norteamericano, ambas organizaciones son «grupos narcoterroristas violentos» con presencia internacional y redes de operación que alcanzan al menos a doce estados de Estados Unidos.
La decisión había sido anunciada a fines de mayo, luego de una visita a Washington del senador y precandidato presidencial opositor Flavio Bolsonaro, pero recién comenzó a regir este viernes.
Brasil rechaza la calificación y pide más cooperación
La respuesta desde Brasil no tardó en llegar. El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, volvió a cuestionar la decisión estadounidense y sostuvo que el problema no pasa por cambiar la etiqueta jurídica de las organizaciones, sino por profundizar el trabajo conjunto entre ambos países.
«Si realmente esa reciprocidad es verdadera, Estados Unidos necesita contribuir aún más con Brasil, deteniendo prófugos, bloqueando y congelando patrimonios y restituyendo recursos desviados», planteó el funcionario.
En la misma línea se expresó el Palácio do Planalto, que consideró que la medida afecta la soberanía brasileña al establecer una clasificación unilateral sobre organizaciones que operan dentro del territorio nacional.
Del lado opuesto, Flavio Bolsonaro defendió la iniciativa y aseguró que puede ayudar a recuperar el control estatal en zonas dominadas por el crimen organizado. Según argumentó, millones de brasileños viven bajo la influencia de estas estructuras criminales en favelas y barrios periféricos de las principales ciudades del país.
La discusión también encuentra respaldo en parte de la opinión pública. De acuerdo con una encuesta de AtlasIntel, el 53% de los consultados considera correcta la decisión estadounidense, mientras que el 44% se manifestó en contra.
La controversia refleja una diferencia de enfoque entre Washington y Brasilia: mientras Estados Unidos apuesta por incorporar estas organizaciones al esquema global de combate al terrorismo, el gobierno de Lula insiste en que la prioridad debe pasar por la cooperación judicial, financiera y policial para desarticular sus redes de operación.
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