La Paz, 28 de mayo de 2026 – El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha emitido una advertencia definitiva a los sectores movilizados y ha convocado a una mesa de diálogo urgente, calificándola como la “última oportunidad” para alcanzar un consenso que ponga fin a la prolongada crisis nacional.
La invitación formal fue extendida a Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari, y a Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana (COB), a quienes el mandatario ha remitido cartas solicitando su presencia junto a sus directivas. Paz subrayó que el objetivo del encuentro es “buscar el consenso sin afectar la postura política de los dirigentes”, buscando así evitar acusaciones de “traición o cambio de postura” contra los líderes sindicales.
Esta convocatoria surge tras 27 días de intensos disturbios y bloqueos de carreteras que han afectado gravemente diversas regiones del país. Los conflictos se desencadenaron a raíz del cabildo organizado por la Central Obrera Boliviana en la ciudad de El Alto el pasado 1º de Mayo.
El presidente Paz lamentó profundamente las víctimas mortales resultantes de esta situación, confirmando el fallecimiento de tres mujeres y un niño de 12 años debido a los cortes de rutas. Adicionalmente, se refirió al caso de David Cruz, un joven asesinado en la localidad de Vilaque, cuyas pericias balísticas aún se encuentran en curso.
Ante este panorama de violencia y desorden, el jefe de Estado fue enfático al exigir la determinación de responsabilidades legales. “Alguien tendrá que responder por estas muertes”, sentenció Paz, quien, a pesar de la gravedad de los hechos, reiteró la disposición del Poder Ejecutivo para sentarse a negociar, aunque enfatizó que esta es la “última vez”, según reportes de la Agencia Nazionale Stampa Associata (ANSA).
Finalmente, Rodrigo Paz defendió la legitimidad de su mandato, obtenido con casi el 55% de los sufragios, y recalcó que “Los presidentes no pueden ser destituidos a voluntad”. En esta línea, instó al respeto del marco legal y constitucional vigente, sugiriendo la implementación de un estado de emergencia como medida para restaurar la normalidad en el país si el diálogo no prospera. “Se debe respetar el voto popular y la Constitución. Si no desean dialogar, existen normas establecidas por ley”, afirmó el mandatario.
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